En un giro sorpresivo, el gobierno peruano habría resuelto unilateralmente el contrato con el consorcio francés PMO Vías, poniendo en incertidumbre la continuidad de tres proyectos de infraestructura estratégicos: la Nueva Carretera Central, la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa (principal acceso al Aeropuerto Jorge Chávez). Esta decisión, aún no oficializada públicamente, fue comunicada internamente mediante un oficio de Provías Nacional fechado el 3 de febrero, según fuentes cercanas al proyecto consultadas por el diario Gestión. El documento indica que la resolución se ejecutó “por causa imputable” a la sociedad EGIS, parte del grupo económico francés que brinda asistencia técnica y servicios de PMO.
La razón principal para la drástica medida sería el reconocimiento, por parte de la empresa EGIS AVIA, de haber cometido “actos de corrupción de funcionario público extranjero”. Este reconocimiento se habría dado en el marco de una Convención Judicial de Interés Público (CJIP), un instrumento jurídico validado por el Tribunal de Gran Instancia de París. Esta situación configuraría, según las autoridades peruanas, un supuesto objetivo para la resolución de pleno derecho del contrato, tal como se habría fundamentado en el oficio dirigido por la directora ejecutiva de Provías Nacional, Claudia Dávila.
Esta decisión contrasta fuertemente con el discurso público sostenido hasta hace pocos días por el gobierno. La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, declaró en conferencia este 5 de febrero que apostaban por “renegociar” el contrato y continuar con los tramos que tuvieran cierto nivel de avance. Su postura, que también había expresado a Gestión en enero, era buscar que el proyecto se financiara como una Asociación Público-Privada (APP). Además, el 27 de enero, el MEF y el MTC sostuvieron una reunión de trabajo oficial con representantes de PMO Vías y la embajada de Francia, donde no se mencionó la resolución, sino que se habló de revisar el avance y la viabilidad de los proyectos.
